Per Anna Gabarró, Diosdado Toledano y Lluís Rabell

Algunos círculos tal vez lo hayan considerado, simplemente, como un gesto “desafortunado” por parte de la Generalitat. Mucha gente de izquierdas lo ha percibido, por el contrario, como un insulto mayúsculo hacia la clase obrera de Catalunya. La concesión de la “Creu de Sant Jordi” al presidente de SEAT se ha convertido en todo un paradigma. Es el triste colofón de la breve singladura del gobierno “catalanista y de izquierdas”; una trayectoria que pone de manifiesto la verdadera naturaleza de aquello que en toda Europa se conoce ya como “social-liberalismo”. Pero que destaca también la relación subalterna mantenida por el espacio político de la izquierda transformadora – ICV-EUiA – con ese deleznable fenómeno.

Hace poco más de un año, en una apresurada IV Asamblea de EUiA destinada a “blindar” una mayoría dirigente ante lo que se nos venía encima, el compañero Jordi Miralles respondía a una de nuestras intervenciones críticas diciendo que “el gobierno tripartito no podía considerarse como social-liberal porque nosotros formamos parte de él”. Y añadía: “De todos modos, eso del social-liberalismo es un abstracción; es mejor decir concretamente en qué estamos de acuerdo y en qué discrepamos de la acción de este gobierno”.

La discusión no ha perdido actualidad, ni tiene nada de abstracto. El social-liberalismo es, ni más ni menos, la forma en que ha evolucionado la socialdemocracia europea en la época de la globalización. Es decir, adaptándose a las exigencias privatizadoras de las grandes corporaciones multinacionales y a las nuevas necesidades de expansión del capital financiero. Eso sí, el “socialismo postmoderno” lo ha hecho modulando el discurso neoliberal dominante con determinadas reformas de sociedad – generalmente en el terreno de las libertades civiles – y acentuando una relación de dependencia por parte de las burocracias de los sindicatos mayoritarios hacia las subvenciones de las instituciones estatales y comunitarias… Al tiempo que iba zapando, a través de su alternancia en el poder con los partidos de la derecha clásica, los fundamentos del estado del bienestar tan duramente conquistados por el movimiento obrero en la postguerra. Blair, Jospin, Schröder o Zapatero, con sus restricciones de gasto social, con sus ataques hacia los servicios públicos y sus derivas militaristas, constituyen ejemplos nada abstractos de social-liberalismo.

Un balance del tripartito

Pues bien, el tripartito ha sido, en el ámbito autonómico, un gobierno de las mismas características. Por supuesto, nos alegró asistir al fin de más de dos décadas de reinado pujolista. Pero, en la obra del nuevo gobierno ha habido más de continuismo que de ruptura con el legado convergente. De hecho, los aspectos más progresivos de su gestión se referirían a una distribución más equitativa de los limitados recursos presupuestarios de la administración autonómica. Pero, si nos referimos a las cuestiones cruciales, ¿se han empezado a corregir siquiera el déficit de gasto social con respecto a Europa o a la endemia crónica de nuestros servicios públicos? En realidad, los intereses privados tradicionales han seguido campando a sus anchas. Así, la política educativa de la izquierda ha consagrado, como un dato estructural e irreversible, la preeminencia de los centros educativos concertados sobre una red de titularidad pública destinada a absorber toda la problemática social. Sólo la caída del tripartito ha paralizado – ¿provisionalmente? – una ofensiva privatizadora en toda regla en el Institut Català de la Salut. ¿Se ha contemplado en algún momento algún cambio sustancial en la política fiscal de la Generalitat, que rompiese con el socorrido e injusto recurso al aumento de la imposición indirecta? ¡Si hasta Comisiones Obreras llamó la atención del Govern al respecto, hace poco más de un año! ¿Es necesario evocar una vez más el inquietante panorama industrial que nos deja este último período? Desde Samsung hasta Braun y Taurus, pasando por Miniwatt, Valeo y otras tantas firmas, no sólo no se ha frenado ninguna deslocalización, ni impedido las operaciones de especulación inmobiliaria que acompañan generalmente esos cierres, sino que la administración ha actuado de concierto con las multinacionales, presionando sistemáticamente al movimiento sindical para quebrar las resistencias fabriles e imponer la aceptación de los expedientes reguladores.

La actitud respetuosa hacia los “poderes fácticos” patronales ha sido tal que, en un desastre como el del Carmel, la conexión entre la opacidad en la gestión de la obra pública, las contratas irregulares y el cobro de comisiones, quedó enterrada bajo los cascotes de los edificios derruidos. Los negociantes del ladrillo y la hormigonera han tenido más peso en el tripartito que las propuestas ecosocialistas. El túnel de Bracons siguió adelante. En cambio, hubo que echar marcha atrás por lo que se refiere a las propuestas más atrevidas que contenía la Ley sobre el derecho a la vivienda. Hasta el conseller Milà, que no gozaba del plácet de Foment, acabó defenestrado en un gesto de vasallaje hacia la patronal. Podríamos seguir punto por punto, departamento por departamento. ¿Hemos olvidado ya las palabras de ánimo de Maragall y Montilla a los empresarios catalanes para que, a su vez, buscasen “nuevos horizontes competitivos”… en las maquilas marroquíes?

Por si eso fuera poco, el episodio frustrante del Estatut, determinante en la fractura del tripartito, ha escorado el conjunto del panorama político hacia la derecha. La Propuesta de reforma estatutaria aprobada por el Parlament, la continuidad del gobierno de las izquierdas y la propia presidencia de Maragall fueron mercadeados por el PSOE a cambio de un entendimiento con la derecha nacionalista catalana. El “viaje al centro” de Zapatero – en cuanto al programa, no tuvo que recorrer un gran trayecto – ha sido la manera de zafarse de la presión del PP y de buscar socios más acordes con el desarrollo de la agenda liberal europea. A pesar de la disposición a tragar con lo que les echaran mostrada durante dos años por parte de IU y de ERC, los nacionalistas vascos y catalanes son compañeros de viaje más adecuados para apuntalar las nuevas reformas regresivas en materia fiscal, sobre pensiones y seguridad social, sobre el mercado del trabajo, etc. ¿Puede imaginarse un entorno que, desde el punto de vista de los intereses de las clases populares, condicione más negativamente la acción del govern?

En tales condiciones, ante semejante evolución, la pregunta del millón es ésta: ¿qué diablos hace EUiA agazapada entre las ruinas de ese gabinete? Si, al constituirse el tripartito, la oposición de una minoría crítica como “Rojos/roges” a la participación gubernamental podía aparecer todavía como un debate teórico, ahora los hechos están ahí, testarudos e insoslayables. La presencia de EUiA en el organigrama de la Generalitat ha sido siempre testimonial: apenas tres cargos de confianza adscritos a la Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda, sin la menor influencia sobre la acción del gobierno. Si no fuese por la vanidad de la mayoría en proclamarnos “fuerza de gobierno”, esa presencia de EUiA hubiese podido pasar del todo desapercibida para el público. (Y no se trata de un juicio sobre la calidad profesional de la labor desempeñada por los compañeros, sino de constatar su nula incidencia en la esfera del poder).

Sin embargo, esa presencia residual – y la esperanza de ampliarla – sí que han condicionado toda la política de EUiA. En vano buscará el lector en las hemerotecas alguna crítica seria dirigida al tripartito por parte de nuestra organización a lo largo de estos años. Da miedo imaginar hasta dónde podríamos llegar si, como se suspiraba por ello en la IV Asamblea, obtuviésemos “un conseller comunista”. Con lo que teníamos ha bastado para que la organización se sintiese obligada a poner sordina a las reivindicaciones que, desde las fábricas amenazadas de cierre (como cuando Miniwatt reclamaba una intervención de la empresa por parte de los poderes públicos), podían incomodar al tripartito. Mal que pese a algunos rememorarlo, el acuerdo sobre los despidos en SEAT lo firmaron compañeros de la mayoría de EUiA. Y, a pesar de sus declaraciones formales de solidaridad, esa mayoría avaló y justificó la aceptación del expediente, limitándose a reclamar que la empresa lo cumpliese sin nuevos abusos contra la plantilla. Finalmente, azuzada por ICV (alguno de sus dirigentes llegó a presumir en público de “habernos puesto firmes”), EUiA contribuyó a desarmar el movimiento ciudadano “Por el derecho a decidir” que se levantaba, amenazador, frente al pacto Mas-Zapatero. Así, se impidió la conexión de ese ascenso democrático con la izquierda social, empujándolo fatalmente a acentuar sus rasgos identitarios y fraguando el “triunfo” de un Estatut de rebajas ¿Hemos logrado algo a cambio de tan tristes servicios? El escándalo de la medalla concedida al presidente de SEAT constituye la respuesta inapelable a esa pregunta. ¡Ni siquiera esa humillación ha sido capaz de ahorrarnos nuestra “fuerza de gobierno”! ¡Ni siquiera ese recochineo final de Andreas Schleef haciendo la señal de la victoria en el Liceo! (Por cierto, ¿se han atrevido a decir algo al respecto los emblemáticos cargos de confianza de EUiA?).

La izquierda y el poder

El anarquismo siempre ha sostenido que el poder corrompe. En cualquier caso, nuestra experiencia avala que, para algunos, el simple hecho de olfatearlo crea cuando menos una peligrosa adicción. Verbigracia, el caso del POR, miembro de la mayoría y que dispone de uno de esos cargos de confianza. ¡Menudo incordio hemos tenido que soportar por parte de quienes fanfarroneaban en su día diciendo ser “los trotskistas del tripartito”! ¡Cuántas veces ha habido que escuchar que nuestra crítica del social-liberalismo pretendía “romper el gobierno de izquierdas”! Hace apenas unos meses, “La Aurora” calificaba los despidos de SEAT como “un golpe de la multinacional contra la clase obrera y el tripartito”. Lo primero parece indiscutible. En cuanto a lo otro… ¡cualquiera lo diría! Por supuesto, en los últimos tiempos el POR se ha vuelto más crítico. Incluso ocurrió que, a quince días del referéndum estatutario, su dirección “se inclinó”, finalmente y con la boca pequeña, por votar “no”. (Y eso tras largos meses de seguidismo hacia una mayoría plegada desde el primer momento al nuevo Pacto de la Moncloa). Pero una cosa son las palabras, destinadas al consumo interno, y otra muy distinta los hechos. Ni la expulsión de ERC (ante la que “Rojos/roges” pidió el abandono del gobierno por parte de EUiA), ni este último episodio, han conmovido suficientemente al POR como para hacer que se plantee una dimisión de su representante en el dispositivo gubernamental. Y, sin embargo, por tradición, por su referencia al marxismo revolucionario, el POR debería saber lo que esa presencia significa: corresponsabilidad política con la acción del gobierno. Su dirección sabrá lo que gana con eso. Lo que sí podemos afirmar es que con semejantes maneras de proceder, a través del doble lenguaje permanente y el respeto supersticioso hacia las falsas autoridades, la izquierda pierde en claridad de ideas, mina su confianza en sí misma y su combatividad.

No se puede estar a la vez en el poder y en la oposición. Un gobierno social-liberal plantea la necesidad de que la izquierda transformadora, si quiere permanecer fiel a la clase trabajadora y a los movimientos, rehúse convertirse en rehén de políticas favorables al capital y actúe, en las instituciones y en la calle, como una oposición de izquierdas. Si ahora constatamos que se ha retrocedido mucho, que no existen aún condiciones para un gobierno antiliberal, se trata de remontar esa situación, de preparar esas condiciones desde las mismas luchas y resistencias sociales. Pero en ningún caso deberíamos llamar “gobierno de izquierdas” (con la carga rupturista y de progreso que esa apelación conlleva en amplios sectores de la población) a un gabinete social-liberal como el que hemos tenido… y menos aún si cabe al que podría darse bajo la presidencia de un Montilla que no para de prodigar promesas de lealtad a la patronal. ¡Que nadie nos venga ahora con la majadería de que somos “neutrales” entre los reformistas y los representantes directos del capital, entre “izquierda” y “derecha”! Un movimiento como EUiA debería aprender a dar su voto técnico en el Parlamento al social-liberalismo cuando se trate de cerrar el paso a fuerzas como CiU o el PP… pero sin apoyar, de ese eventual gobierno de la izquierda conciliadora, más medidas que las concesiones favorables al pueblo que consigamos arrancarle. Y combatiendo, por el contrario, sin tregua las acometidas liberales que vertebrarán su gestión. Sólo así se puede construir izquierda y preparar una alternativa anticapitalista. Andar de la mano del social-liberalismo, como se ha podido comprobar estos días, sólo puede reducirnos a la impotencia.
Per Anna Gabarró, Diosdado Toledano y Lluís Rabell [1]

Algunos círculos tal vez lo hayan considerado, simplemente, como un gesto “desafortunado” por parte de la Generalitat. Mucha gente de izquierdas lo ha percibido, por el contrario, como un insulto mayúsculo hacia la clase obrera de Catalunya. La concesión de la “Creu de Sant Jordi” al presidente de SEAT se ha convertido en todo un paradigma. Es el triste colofón de la breve singladura del gobierno “catalanista y de izquierdas”; una trayectoria que pone de manifiesto la verdadera naturaleza de aquello que en toda Europa se conoce ya como “social-liberalismo”. Pero que destaca también la relación subalterna mantenida por el espacio político de la izquierda transformadora – ICV-EUiA – con ese deleznable fenómeno.

Hace poco más de un año, en una apresurada IV Asamblea de EUiA destinada a “blindar” una mayoría dirigente ante lo que se nos venía encima, el compañero Jordi Miralles respondía a una de nuestras intervenciones críticas diciendo que “el gobierno tripartito no podía considerarse como social-liberal porque nosotros formamos parte de él”. Y añadía: “De todos modos, eso del social-liberalismo es un abstracción; es mejor decir concretamente en qué estamos de acuerdo y en qué discrepamos de la acción de este gobierno”.

La discusión no ha perdido actualidad, ni tiene nada de abstracto. El social-liberalismo es, ni más ni menos, la forma en que ha evolucionado la socialdemocracia europea en la época de la globalización. Es decir, adaptándose a las exigencias privatizadoras de las grandes corporaciones multinacionales y a las nuevas necesidades de expansión del capital financiero. Eso sí, el “socialismo postmoderno” lo ha hecho modulando el discurso neoliberal dominante con determinadas reformas de sociedad – generalmente en el terreno de las libertades civiles – y acentuando una relación de dependencia por parte de las burocracias de los sindicatos mayoritarios hacia las subvenciones de las instituciones estatales y comunitarias… Al tiempo que iba zapando, a través de su alternancia en el poder con los partidos de la derecha clásica, los fundamentos del estado del bienestar tan duramente conquistados por el movimiento obrero en la postguerra. Blair, Jospin, Schröder o Zapatero, con sus restricciones de gasto social, con sus ataques hacia los servicios públicos y sus derivas militaristas, constituyen ejemplos nada abstractos de social-liberalismo.

Un balance del tripartito

Pues bien, el tripartito ha sido, en el ámbito autonómico, un gobierno de las mismas características. Por supuesto, nos alegró asistir al fin de más de dos décadas de reinado pujolista. Pero, en la obra del nuevo gobierno ha habido más de continuismo que de ruptura con el legado convergente. De hecho, los aspectos más progresivos de su gestión se referirían a una distribución más equitativa de los limitados recursos presupuestarios de la administración autonómica. Pero, si nos referimos a las cuestiones cruciales, ¿se han empezado a corregir siquiera el déficit de gasto social con respecto a Europa o a la endemia crónica de nuestros servicios públicos? En realidad, los intereses privados tradicionales han seguido campando a sus anchas. Así, la política educativa de la izquierda ha consagrado, como un dato estructural e irreversible, la preeminencia de los centros educativos concertados sobre una red de titularidad pública destinada a absorber toda la problemática social. Sólo la caída del tripartito ha paralizado – ¿provisionalmente? – una ofensiva privatizadora en toda regla en el Institut Català de la Salut. ¿Se ha contemplado en algún momento algún cambio sustancial en la política fiscal de la Generalitat, que rompiese con el socorrido e injusto recurso al aumento de la imposición indirecta? ¡Si hasta Comisiones Obreras llamó la atención del Govern al respecto, hace poco más de un año! ¿Es necesario evocar una vez más el inquietante panorama industrial que nos deja este último período? Desde Samsung hasta Braun y Taurus, pasando por Miniwatt, Valeo y otras tantas firmas, no sólo no se ha frenado ninguna deslocalización, ni impedido las operaciones de especulación inmobiliaria que acompañan generalmente esos cierres, sino que la administración ha actuado de concierto con las multinacionales, presionando sistemáticamente al movimiento sindical para quebrar las resistencias fabriles e imponer la aceptación de los expedientes reguladores.

La actitud respetuosa hacia los “poderes fácticos” patronales ha sido tal que, en un desastre como el del Carmel, la conexión entre la opacidad en la gestión de la obra pública, las contratas irregulares y el cobro de comisiones, quedó enterrada bajo los cascotes de los edificios derruidos. Los negociantes del ladrillo y la hormigonera han tenido más peso en el tripartito que las propuestas ecosocialistas. El túnel de Bracons siguió adelante. En cambio, hubo que echar marcha atrás por lo que se refiere a las propuestas más atrevidas que contenía la Ley sobre el derecho a la vivienda. Hasta el conseller Milà, que no gozaba del plácet de Foment, acabó defenestrado en un gesto de vasallaje hacia la patronal. Podríamos seguir punto por punto, departamento por departamento. ¿Hemos olvidado ya las palabras de ánimo de Maragall y Montilla a los empresarios catalanes para que, a su vez, buscasen “nuevos horizontes competitivos”… en las maquilas marroquíes?

Por si eso fuera poco, el episodio frustrante del Estatut, determinante en la fractura del tripartito, ha escorado el conjunto del panorama político hacia la derecha. La Propuesta de reforma estatutaria aprobada por el Parlament, la continuidad del gobierno de las izquierdas y la propia presidencia de Maragall fueron mercadeados por el PSOE a cambio de un entendimiento con la derecha nacionalista catalana. El “viaje al centro” de Zapatero – en cuanto al programa, no tuvo que recorrer un gran trayecto – ha sido la manera de zafarse de la presión del PP y de buscar socios más acordes con el desarrollo de la agenda liberal europea. A pesar de la disposición a tragar con lo que les echaran mostrada durante dos años por parte de IU y de ERC, los nacionalistas vascos y catalanes son compañeros de viaje más adecuados para apuntalar las nuevas reformas regresivas en materia fiscal, sobre pensiones y seguridad social, sobre el mercado del trabajo, etc. ¿Puede imaginarse un entorno que, desde el punto de vista de los intereses de las clases populares, condicione más negativamente la acción del govern?

En tales condiciones, ante semejante evolución, la pregunta del millón es ésta: ¿qué diablos hace EUiA agazapada entre las ruinas de ese gabinete? Si, al constituirse el tripartito, la oposición de una minoría crítica como “Rojos/roges” a la participación gubernamental podía aparecer todavía como un debate teórico, ahora los hechos están ahí, testarudos e insoslayables. La presencia de EUiA en el organigrama de la Generalitat ha sido siempre testimonial: apenas tres cargos de confianza adscritos a la Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda, sin la menor influencia sobre la acción del gobierno. Si no fuese por la vanidad de la mayoría en proclamarnos “fuerza de gobierno”, esa presencia de EUiA hubiese podido pasar del todo desapercibida para el público. (Y no se trata de un juicio sobre la calidad profesional de la labor desempeñada por los compañeros, sino de constatar su nula incidencia en la esfera del poder).

Sin embargo, esa presencia residual – y la esperanza de ampliarla – sí que han condicionado toda la política de EUiA. En vano buscará el lector en las hemerotecas alguna crítica seria dirigida al tripartito por parte de nuestra organización a lo largo de estos años. Da miedo imaginar hasta dónde podríamos llegar si, como se suspiraba por ello en la IV Asamblea, obtuviésemos “un conseller comunista”. Con lo que teníamos ha bastado para que la organización se sintiese obligada a poner sordina a las reivindicaciones que, desde las fábricas amenazadas de cierre (como cuando Miniwatt reclamaba una intervención de la empresa por parte de los poderes públicos), podían incomodar al tripartito. Mal que pese a algunos rememorarlo, el acuerdo sobre los despidos en SEAT lo firmaron compañeros de la mayoría de EUiA. Y, a pesar de sus declaraciones formales de solidaridad, esa mayoría avaló y justificó la aceptación del expediente, limitándose a reclamar que la empresa lo cumpliese sin nuevos abusos contra la plantilla. Finalmente, azuzada por ICV (alguno de sus dirigentes llegó a presumir en público de “habernos puesto firmes”), EUiA contribuyó a desarmar el movimiento ciudadano “Por el derecho a decidir” que se levantaba, amenazador, frente al pacto Mas-Zapatero. Así, se impidió la conexión de ese ascenso democrático con la izquierda social, empujándolo fatalmente a acentuar sus rasgos identitarios y fraguando el “triunfo” de un Estatut de rebajas ¿Hemos logrado algo a cambio de tan tristes servicios? El escándalo de la medalla concedida al presidente de SEAT constituye la respuesta inapelable a esa pregunta. ¡Ni siquiera esa humillación ha sido capaz de ahorrarnos nuestra “fuerza de gobierno”! ¡Ni siquiera ese recochineo final de Andreas Schleef haciendo la señal de la victoria en el Liceo! (Por cierto, ¿se han atrevido a decir algo al respecto los emblemáticos cargos de confianza de EUiA?).

La izquierda y el poder

El anarquismo siempre ha sostenido que el poder corrompe. En cualquier caso, nuestra experiencia avala que, para algunos, el simple hecho de olfatearlo crea cuando menos una peligrosa adicción. Verbigracia, el caso del POR, miembro de la mayoría y que dispone de uno de esos cargos de confianza. ¡Menudo incordio hemos tenido que soportar por parte de quienes fanfarroneaban en su día diciendo ser “los trotskistas del tripartito”! ¡Cuántas veces ha habido que escuchar que nuestra crítica del social-liberalismo pretendía “romper el gobierno de izquierdas”! Hace apenas unos meses, “La Aurora” calificaba los despidos de SEAT como “un golpe de la multinacional contra la clase obrera y el tripartito”. Lo primero parece indiscutible. En cuanto a lo otro… ¡cualquiera lo diría! Por supuesto, en los últimos tiempos el POR se ha vuelto más crítico. Incluso ocurrió que, a quince días del referéndum estatutario, su dirección “se inclinó”, finalmente y con la boca pequeña, por votar “no”. (Y eso tras largos meses de seguidismo hacia una mayoría plegada desde el primer momento al nuevo Pacto de la Moncloa). Pero una cosa son las palabras, destinadas al consumo interno, y otra muy distinta los hechos. Ni la expulsión de ERC (ante la que “Rojos/roges” pidió el abandono del gobierno por parte de EUiA), ni este último episodio, han conmovido suficientemente al POR como para hacer que se plantee una dimisión de su representante en el dispositivo gubernamental. Y, sin embargo, por tradición, por su referencia al marxismo revolucionario, el POR debería saber lo que esa presencia significa: corresponsabilidad política con la acción del gobierno. Su dirección sabrá lo que gana con eso. Lo que sí podemos afirmar es que con semejantes maneras de proceder, a través del doble lenguaje permanente y el respeto supersticioso hacia las falsas autoridades, la izquierda pierde en claridad de ideas, mina su confianza en sí misma y su combatividad.

No se puede estar a la vez en el poder y en la oposición. Un gobierno social-liberal plantea la necesidad de que la izquierda transformadora, si quiere permanecer fiel a la clase trabajadora y a los movimientos, rehúse convertirse en rehén de políticas favorables al capital y actúe, en las instituciones y en la calle, como una oposición de izquierdas. Si ahora constatamos que se ha retrocedido mucho, que no existen aún condiciones para un gobierno antiliberal, se trata de remontar esa situación, de preparar esas condiciones desde las mismas luchas y resistencias sociales. Pero en ningún caso deberíamos llamar “gobierno de izquierdas” (con la carga rupturista y de progreso que esa apelación conlleva en amplios sectores de la población) a un gabinete social-liberal como el que hemos tenido… y menos aún si cabe al que podría darse bajo la presidencia de un Montilla que no para de prodigar promesas de lealtad a la patronal. ¡Que nadie nos venga ahora con la majadería de que somos “neutrales” entre los reformistas y los representantes directos del capital, entre “izquierda” y “derecha”! Un movimiento como EUiA debería aprender a dar su voto técnico en el Parlamento al social-liberalismo cuando se trate de cerrar el paso a fuerzas como CiU o el PP… pero sin apoyar, de ese eventual gobierno de la izquierda conciliadora, más medidas que las concesiones favorables al pueblo que consigamos arrancarle. Y combatiendo, por el contrario, sin tregua las acometidas liberales que vertebrarán su gestión. Sólo así se puede construir izquierda y preparar una alternativa anticapitalista. Andar de la mano del social-liberalismo, como se ha podido comprobar estos días, sólo puede reducirnos a la impotencia.